El Gobierno vendió el 90% de la empresa que abastece a 14 millones de personas por US$340 millones, bastante menos de lo que el propio Ministerio de Economía calculaba. Quién compró, por qué no hubo precio base y qué puede cambiar para el usuario.
Hay privatizaciones que pasan sin que nadie se entere y otras que se meten en la conversación de todos los días. La de AySA es de las segundas por una razón muy concreta: casi todos los que viven en el AMBA abren una canilla que depende de esa empresa. Por eso, cuando esta semana se supo que el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos pasó a manos privadas por US$340,2 millones, la noticia salió de las páginas de economía y llegó a las sobremesas, los grupos de WhatsApp y las redes.
El comprador es un consorcio encabezado por Rowing S.A., que se presentó junto con Arcos, Transclor y PHX. Enfrente estaba el grupo Roggio, que ofreció US$285 millones. La concesión es por 30 años y la operación se hizo bajo una condición que hoy está en el centro de la discusión: no hubo precio base. Es decir, no existía un piso por debajo del cual el Estado pudiera decir "así no vendo".
La distancia entre el cálculo y la oferta
El dato que encendió la polémica no vino de la oposición sino del propio Gobierno. El Ministerio de Economía había estimado que ese 90% valía alrededor de US$450 millones. La oferta ganadora quedó unos US$110 millones por debajo, cerca del 75% del valor que el mismo Estado se había asignado.
Desde el oficialismo, la explicación es que el precio de una empresa no lo decide una planilla sino quien está dispuesto a pagarlo, y que AySA fue durante años una compañía que necesitó transferencias del Tesoro para funcionar. Venderla, en esa lógica, es sacarse de encima un gasto. El argumento tiene peso. Pero deja abierta otra pregunta: si no había precio base, ¿qué oferta habría sido demasiado baja?
Los aportes de campaña
A la discusión por el precio se sumó otra, más delicada. Según publicó Ámbito, Rowing forma parte de Equo Capital. Walter Martello, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, señaló que dos empresas vinculadas a ese grupo, Direct Group y Lógico, aportaron US$20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza, con apenas un día de diferencia: el 28 y el 29 de julio de 2025.
Conviene ser precisos: que una empresa haya aportado a una campaña no prueba que una licitación haya estado arreglada. Los aportes de campaña son legales y están declarados. Lo que sí cambia es la carga de la explicación. Cuando quien gana un activo público figura entre los aportantes del partido que lo vende, la transparencia deja de ser una cortesía y pasa a ser una obligación.
La oposición ya actuó. Cuatro legisladores peronistas que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones presentaron una denuncia por el proceso de valuación, apoyada en los decretos 780/2024 y 450/2025. Ahora será la Justicia la que diga si hubo algo más que un mal negocio.
Más que agua
AySA es la privatización más grande de esta etapa y por eso funciona como una vidriera. Los inversores miran cómo se vendió para decidir cuánto ofrecer por lo que viene. Si la lectura es que el Estado acepta vender con descuento, las próximas ofertas también van a llegar con descuento. Y si la Justicia frena la operación, el mensaje será de inseguridad jurídica, que también se paga caro.
Para el usuario, en cambio, la pregunta es más simple y más urgente: cuánto va a costar la boleta y si el servicio va a llegar a los barrios del conurbano que todavía no tienen cloacas. Nada de eso se sabe todavía. Dependerá de los compromisos de inversión y del esquema tarifario que asuma el nuevo operador, dos datos que hasta ahora no ocuparon tanto espacio como el precio.
La venta llegó además en una semana cargada de discusiones sobre cómo el Estado administra lo que tiene. La Auditoría General de la Nación aprobó los balances 2025 del Banco Central pero marcó una pérdida de US$1.023 millones por coberturas sobre el oro. El BCRA respondió que su posición en oro dejó una ganancia neta de US$2.505 millones y acusó a la Auditoría de actuar "con fines puramente políticos". Dos lecturas opuestas sobre los mismos números, en la misma semana en que el agua cambió de dueño.
Lo que viene se puede seguir con tres preguntas: qué hace la Justicia con la denuncia de la Bicameral, si el Gobierno publica el informe completo de valuación y qué promete el nuevo operador en inversión y tarifas. De esas respuestas depende si AySA queda como el ejemplo de una privatización bien hecha o como la que todos van a citar cuando se discuta la próxima.
Foto: Palacio de Aguas Corrientes, Buenos Aires (Wikimedia Commons).