La Justicia Federal puso en marcha formalmente la investigación sobre el patrimonio del presidente de la AFA y funcionario del CEAMSE. Tras definirse la competencia del expediente, el fiscal requirió medidas de prueba de alto impacto financiero e internacional.
La investigación judicial contra el mandamás del fútbol argentino sumó pasos procesales determinantes. Luego de que la Cámara Federal resolviera que el caso debía tramitar en los tribunales de Comodoro Py, el fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó formalmente la pesquisa y solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas dirigidas a auditar la evolución de los bienes del dirigente.
Los ejes de la medida judicial
La causa, originada a partir de una denuncia vinculada a su desempeño como funcionario en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), apunta a dilucidar si existió un incremento patrimonial injustificado. En este marco, los requerimientos presentados ante el juzgado comprenden:
Levantamiento del secreto fiscal y bancario: La fiscalía pidió acceso directo a las cuentas, declaraciones juradas y movimientos financieros del imputado para trazar su trazabilidad económica.
Requerimientos a organismos de control: Se cursaron pedidos de informes a agencias estatales y de recaudación (como la ARCA), el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Exhorto a la Conmebol: Entre las medidas ordenadas se incluyó el libramiento de un oficio internacional dirigido a la Confederación Sudamericana de Fútbol en Asunción, Paraguay, con el fin de obtener copias del legajo personal de Tapia e interiorizarse sobre los cargos ocupados en dicha entidad.
Una vez reunida la totalidad de la documentación requerida por los distintos organismos, el plan de la fiscalía contempla la realización de un peritaje económico, financiero y patrimonial integral a cargo de una institución especializada, cuyos resultados permitirán definir los pasos subsiguientes del proceso penal.