Las políticas de recuperación del espacio público y de inmuebles usurpados continúan generando fuertes repercusiones en la geografía urbana de la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas, el Gobierno porteño concretó un operativo de gran magnitud en el barrio de Núñez para desalojar un edificio de ocho pisos ubicado en la calle Manuela Pedraza 1875, el cual permanecía tomado ilegalmente desde hacía treinta años.
La intervención estatal responde a los reiterados reclamos de los vecinos de la zona, quienes señalaban al inmueble como un foco crítico de inseguridad, acumulación de basura y riesgos estructurales en una de las cuadras de mayor densidad residencial del corredor norte.
Los detalles del operativo y las condiciones del inmueble
El edificio usurpado cuenta con treinta y dos departamentos y se emplaza a pocos metros de la estación Núñez del tren Mitre y de la avenida Del Libertador. Según los relevamientos realizados por las autoridades de la Ciudad, la propiedad presentaba un panorama crítico:
Sin servicios básicos: El inmueble carecía de suministro formal de luz y gas desde hacía décadas.
Riesgo edilicio y sanitario: Inspecciones previas de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) confirmaron el deterioro estructural profundo, registrándose acumulación masiva de chatarra, residuos e incluso principios de incendio en el interior.
Ocupación prolongada: A lo largo de treinta años, más de un centenar de personas —en su mayoría ciudadanos extranjeros de origen paraguayo, boliviano y peruano— llegaron a habitar de manera informal las instalaciones.
El procedimiento contó con la intervención coordinada de efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de Emergencias, la Red de Atención, la Guardia de Auxilio y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, logrando desocupar el lugar de forma pacífica y proceder a su posterior limpieza y tapiado para evitar nuevas intrusiones.
El posicionamiento político y el balance oficial
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, se refirió al operativo y subrayó la relación directa entre la usurpación prolongada de propiedades y la degradación de la seguridad en los barrios. En declaraciones oficiales, el mandatario sostuvo que la toma de inmuebles fomenta economías clandestinas y focos delictivos, y ratificó la continuidad de la decisión política de avanzar sobre este tipo de irregularidades.
Desde diciembre de 2023, la administración porteña ya ha logrado restituir a sus legítimos dueños 937 propiedades usurpadas, representando un valor estimado en quinientos millones de dólares. Los distritos que concentran la mayor cantidad de estos procedimientos son Constitución, Balvanera (zona de Once), San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo, consolidando un eje de gestión centrado en el ordenamiento urbano y la restitución del dominio privado.