A través de un artículo clave en el proyecto de ley de gastos y recursos, la administración nacional intenta nuevamente desvincular las prestaciones de la ANSES de la indexación automática por inflación, trasladando la definición de los incrementos al ámbito discrecional del Poder Ejecutivo.
En un movimiento que reedita la pulseada legislativa vivida el año anterior, el Gobierno nacional introdujo en el proyecto de Presupuesto 2027 una cláusula destinada a suprimir el mecanismo de actualización automática para el universo de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La iniciativa, plasmada puntualmente en el artículo 17 del texto presupuestario elaborado por el equipo económico, propone la derogación de disposiciones clave de la Ley 27.160 sin estipular de manera taxativa una fórmula matemática o índice sustituto. De este modo, de prosperar la redacción original en el Parlamento, las prestaciones sociales volverían a quedar sujetas a incrementos de carácter discrecional definidos directamente por el Poder Ejecutivo.
Alcance de la medida y prestaciones en la mira
El universo de beneficios alcanzados por la modificación abarca tanto a los sectores informales como a los trabajadores formalizados bajo el régimen de Cajas de Asignaciones Familiares (SUAF). Entre los principales conceptos contemplados se encuentran:
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE), pilares de la red de contención social que actualmente cubren a más de 4,1 millones de beneficiarios titulares.
Asignaciones contributivas del régimen general, tales como asignación por hijo, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio, cónyuge y maternidad.
Prestaciones complementarias de asistencia, como el pago anual de la ayuda escolar vinculada.
El trasfondo político y el filtro parlamentario
La intención oficial de desindexar las prestaciones de la evolución directa del Índice de Precios al Consumidor (IPC) constituye un nuevo capítulo en la estrategia de disciplina fiscal estricta que persigue la Casa Rosada. Sin embargo, al tratarse de un artículo incorporado dentro de la ley de leyes, la suerte de la medida dependerá estrictamente de la negociación política en el Congreso de la Nación.
Durante el debate del presupuesto precedente, la resistencia opositora y los cruces con los bloques dialoguistas ya habían frenado intenciones similares de alteración en las fórmulas previsionales y sociales, forzando al oficialismo a retroceder o renegociar los articulados. Mientras transcurren las discusiones formales en comisiones, los haberes y su modalidad de ajuste actual se mantienen inalterados, a la espera de que el Poder Legislativo defina si convalida el nuevo esquema o si introduce modificaciones al proyecto impulsado por el Ejecutivo.