La presentación judicial impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano contra la secretaria de Ciencia, Adriana Baravalle, expone un escándalo institucional en torno a la validez de los títulos académicos de altos funcionarios del Estado. El conflicto estalló luego de que la legisladora pusiera bajo lupa las credenciales de la funcionaria, quien había sido designada por la administración central y respaldada públicamente por el presidente Javier Milei.
La investigación preliminar y la compra de prueba
Para comprobar la veracidad de los antecedentes curriculares que sustentaban el cargo de Baravalle, la diputada nacional decidió realizar una compra de prueba en la institución académica vinculada al doctorado en Inteligencia Artificial cuestionado.
De acuerdo con la información incorporada en la denuncia penal, el relevamiento de la oferta académica demostró que la entidad expedía títulos de posgrado de manera automatizada y sin ningún tipo de rigor pedagógico previo.
Las irregularidades detectadas en el sistema de titulación
El expediente judicial detalla que la institución investigada ofrecía el doctorado en la misma especialidad por un valor total de 400 dólares. El procedimiento no contemplaba los requisitos universitarios tradicionales exigidos por el sistema educativo formal en la Argentina.
Entre las anomalías constatadas figuran la ausencia de exigencia de títulos de grado previos, la supresión de exámenes presenciales o virtuales y la falta de presentación o defensa de una tesis doctoral.
Los plazos exprés y la intervención de la Justicia
El dato más llamativo de la investigación radica en la velocidad con la que el sistema simulado completaba el ciclo académico. Según los registros presentados en la denuncia, el título de doctor en Inteligencia Artificial podía obtenerse en un lapso de apenas ocho días corridos.
Tras la formalización de la presentación en los tribunales federales, la causa quedó radicada en el fuero penal. Los magistrados a cargo deberán determinar ahora la autenticidad del documento presentado por la funcionaria y evaluar las responsabilidades penales derivadas del uso de títulos presuntamente apócrifos para ejercer cargos públicos de jerarquía.