La inclusión de artículos que derogan la emergencia en discapacidad y desenganchan los aranceles de los prestadores en el proyecto de Presupuesto 2027 desató una rebelión interna en el bloque oficialista de Diputados, tensionando la relación con el Ejecutivo y los aliados.

La presentación del proyecto de Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación no solo encendió las alarmas macroeconómicas de los bloques opositores, sino que terminó provocando una grieta inesperada dentro de la propia bancada oficialista. La decisión del Poder Ejecutivo de incorporar en la "ley de leyes" la derogación lisa y llana de artículos neurálgicos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793, junto con la eliminación de los mecanismos de actualización automática para los honorarios de los prestadores, generó un profundo malestar entre los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y sus socios parlamentarios más cercanos.

La frase que circuló con fuerza en los pasillos de la Cámara de Diputados reflejó la temperatura del momento: "Se incendió todo". Lejos de alinearse a ciegas con el texto enviado desde Balcarce 50, diputados del propio espacio libertario optaron por marcar distancia de la estrategia fiscal formulada por el equipo económico. Ante el descontento palpable, desde la Casa Rosada evitaron asumir la responsabilidad del costo político y trasladaron la carga hacia el Palacio Legislativo, señalando de manera escueta que "el Gobierno hizo su parte al enviar el Presupuesto y ahora es el turno de la bancada oficialista de defender el proyecto o negociarlo frente a sus pares".

La letra chica de la reforma: qué cambia en el marco regulatorio

El conflicto no responde a una mera discrepancia de formas, sino al impacto directo que el articulado propuesto genera sobre la estructura prestacional de la salud y la protección social en la Argentina. El texto presupuestario enviado por el Ejecutivo busca desmantelar pilares que regulan los derechos de las personas con discapacidad y los esquemas de financiamiento sectoriales:

• Derogación de la Ley 27.793: Se propone la anulación de los artículos 5º, 8º, 9º y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Estos apartados garantizaban, entre otras cosas, esquemas prioritarios de asignación presupuestaria y mecanismos de actualización arancelaria vinculados de forma directa al Índice de Precios al Consumidor (IPC) o a paritarias del sector de la salud.

• Retroceso en el paradigma conceptual: El proyecto reintroduce modificaciones a los artículos 36 y 40 de la normativa vigente, retornando a un criterio de "invalidez laboral" centrado en un modelo médico-hegemónico de incapacidad. Este enfoque colisiona frontalmente con el modelo social de derechos humanos consagrado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (otorgada con jerarquía constitucional en Argentina mediante la Ley 27.044).

• Discrecionalidad arancelaria: Al suprimir la indexación automática de los valores del Nomenclador de Prestaciones Básicas, los aranceles que perciben centros de día, profesionales terapéuticos, colegios especiales y transportistas pasarían a fijarse bajo el arbitrio exclusivo de las partidas presupuestarias que determine el Ministerio de Economía o la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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Análisis de datos y cruce de impacto económico

Para dimensionar la magnitud del choque presupuestario, es preciso analizar cómo la quita de los mecanismos de ajuste automático afecta al ecosistema prestacional.

De acuerdo con estimaciones del sector, el sistema de atención integral beneficia de forma directa a más de 1,2 millones de personas poseedoras del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en todo el país. Los fondos requeridos para cubrir las prestaciones básicas (centros educativos, terapias de rehabilitación, residencias y transporte) dependen del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONDIS) y de las transferencias del programa Incluir Salud, administrado por la ANDIS.

Si se realiza un cruce entre la inflación acumulada y los reajustes otorgados de forma discrecional durante el último año, se observa el siguiente comportamiento en el poder adquisitivo de los prestadores:

El cálculo de desfasaje proyectado demuestra que la eliminación de la garantía legal de actualización sumiría a las instituciones y prestadores independientes en un déficit operativo persistente. En un contexto donde los costos fijos (combustible para transporte adaptado, insumos médicos y salarios docentes) acompañan o superan la inflación general, la desvinculación de los aranceles respecto del IPC genera un riesgo real de interrupción de servicios básicos para los pacientes más vulnerables.

Fricción política con aliados y el fantasma de reveses pasados

La resistencia parlamentaria a esta medida no proviene únicamente de las bancadas opositoras tradicionales, como Unión por la Patria o el Frente de Izquierda. La verdadera complicación para la Casa Rosada radica en la firme postura adoptada por sus aliados estratégicos: el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y los bloques provinciales responderán negativamente si no se restituyen las garantías para el sector.

Cabe recordar que a fines de 2025 el oficialismo ya sufrió un severo revés en la Cámara Baja cuando se intentó derogar por vía presupuestaria las partidas de financiamiento universitario y de atención a la discapacidad. En aquella oportunidad, la falta de consenso provocó la caída del articulado específico en la votación en particular.

A esta compleja aritmética legislativa se suma el clima de tensión institucional en torno a la propia Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Tras las investigaciones judiciales iniciadas por presuntas maniobras de sobrefacturación y contrataciones irregulares dentro del organismo —causa en la que se investigan audios atribuidos a ex directores y contactos con funcionarios del Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete—, el margen del Poder Ejecutivo para exigir "austeridad" al sector prestacional se ha visto severamente erosionado frente a la opinión pública y a los propios legisladores.

Escenario abierto: la negociación que se traslada a las comisiones

Frente a la inminencia del dictamen de comisión para el Presupuesto 2027, el bloque de La Libertad Avanza busca contener los daños y evitar una derrota legislativa que deje al descubierto su vulnerabilidad parlamentaria.

Desde la conducción de la bancada oficialista ya se ensayan alternativas de redacción que permitan reintroducir pautas objetivas de actualización arancelaria para los prestadores de discapacidad, al tiempo que se intenta preservar los techos de gasto fijados por la cartera económica.

Sin embargo, los gobernadores y los jefes de bloque aliados mantendrán la guardia alta. Para las provincias, la interrupción del financiamiento nacional en discapacidad se traduce de inmediato en un traspaso de la demanda hacia sus propios sistemas públicos de salud y acción social. La batalla por la Ley de Discapacidad en el marco del Presupuesto se perfila así como una prueba de fuego para evaluar la capacidad real de acuerdo de la Casa Rosada frente a un Congreso que demuestra no estar dispuesto a convalidar recortes a ciegas en áreas sensibles de la matriz social.