Una auditoría interna impulsada por la propia fuerza destapó un esquema sistemático de malversación que operó durante más de tres años, acumulando cientos de acreditaciones bancarias fraudulentas y giros sin respaldo legal.
Un escándalo de proporciones sacude a la cúpula castrense tras revelarse una investigación interna llevada adelante por la Armada Argentina, la cual derivó en una denuncia formal ante la Justicia Federal. El expediente detalla una compleja red de corrupción enfocada en la manipulación del sistema de liquidación de haberes, acumulando un desvío preliminar estimado en $981.148.567,88 a lo largo de 645 acreditaciones indebidas detectadas entre julio de 2022 y enero de 2026.
La ingeniería de la maniobra: alteración y ocultamiento digital
De acuerdo con la información incorporada a la causa judicial radicada en el juzgado de Sebastián Ramos, el fraude se perpetraba vulnerando un tramo ultra sensible del circuito financiero de la fuerza, específicamente en los equipos de los Servicios Financieros de la Armada (SIAF):
Modificación de lotes de pago: Si bien los controles regulares se cumplían sobre las planillas primarias de liquidación, los registros informáticos eran alterados de manera deliberada posteriormente a dichas revisiones y justo antes de la transmisión definitiva de los archivos de pago al Banco de la Nación Argentina.
Inflado de montos y beneficiarios fantasma: Mediante este truco se introducían cifras arbitrarias, conceptos inexistentes en los recibos oficiales, pagos duplicados e incorporaciones de personas ajenas o cuyo vínculo con la fuerza no podía validarse legítimamente.
El mecanismo de encubrimiento: Una vez confeccionado el lote alterado para el banco, los registros digitales originales eran restituidos a sus valores nominales. De este modo, los desvíos jamás se reflejaban en el sistema público de visualización Haberes-Web, permitiendo que el recibo visible del agente coincidiera con lo legalmente autorizado mientras la transferencia bancaria real ejecutaba una cifra superior.
Alcance de la investigación y perfiles involucrados
La auditoría interna —llevada a cabo por una comisión especializada en contabilidad, sistemas y análisis de datos de la Dirección de Administración Financiera— logró reconstruir un piso documental inobjetable que compromete a 23 personas identificadas, entre uniformados y civiles, aunque las estimaciones preliminares de los investigadores judiciales advierten que el número final de implicados podría tremar hasta los 50 sospechosos.
Entre las irregularidades detectadas figuran también pagos continuados a personas que ya se encontraban desvinculadas de la institución, así como la triangulación de suplementos salariales extraordinarios de los cuales, según testimonios internos bajo análisis, se exigía posteriormente un porcentaje de devolución en efectivo (retornos).
Tras constatarse la maniobra mediante el cotejo riguroso mes a mes entre los sistemas internos y los resúmenes de acreditación bancaria, la intervención del Ministerio de Defensa y la jefatura de la Armada permitió preservar los equipos informáticos utilizados para la transmisión de los fondos, blindar el circuito administrativo separando las funciones de liquidación y conciliación, y elevar los antecedentes a los tribunales federales bajo la órbita de la instrucción penal en curso.